Dato objetivo: de los 59 diputados del Parlament Balear, hay 5 imputados por corrupción. Esto supone que la fiscalía ha detectado indicios de corrupción en el 8,47% de los diputados. Casi uno de cada diez políticos del Parlament son oficialmente presuntamente corruptos. Imputado no es lo mismo que procesado, está claro, pero quiere decir que está en el punto de mira de quienes investigan los delitos de corrupción.

Datos complementarios: de los 5 imputados hay 3 del Partido Popular (Jaume Font, Josep Joan Cardona y Catalina Soler, ésta última con dos causas abiertas), 1 de Unió Mallorquina (Bartomeu Vicens, el único al que la fiscalía ha pedido prisión preventiva) y 1 del PSOE (Xico Tarrés). Es bueno que la gente sepa quiénes son y quiénes nos representan.

El de UM es el único que ha sido expulsado del partido. Los otros 4 siguen respaldados por sus respectivos partidos. De los 5, nadie ha abandonado su acta de diputado, lo que les permite ser aforados, que viene a ser lo mismo que decir que tienen imposibilidad manifiesta de ir derechos a la cárcel.

Desconozco si estas cifras tienen parangón en el resto del país o de Europa (recordemos, casi uno de cada diez diputados), pero no sólo no debería permitirse, sino que debería abrir un profundo debate para la creación de un nuevo sistema por el que los diputados no puedan ser inmunes ni estar al margen de una ley que a cualquiera de los demás ciudadanos nos pondría de patitas en la prisión provincial. Por no hablar de las expectativas de abstención en las próximas elecciones.

Este mundo necesita un reset urgentemente.