No de todas, pero sí de muchas.
Hasta hace relativamente poco tiempo, sabíamos que la Administración Pública pagaba sus facturas. Tarde, pero pagaba. A dos meses, a tres meses. En casos extraordinarios, a seis meses y, en contadas excepciones, a un año (y eran puestos como ejemplo de cómo se les caía la cara de vergüenza).
El corsé financiero de la administración pública obligaba a ello. Tengo unos presupuestos, una partida presupuestaria asignada para el trabajo que encargo, un tiempo de ejecución, se recibe la factura, se tramita y en eso se tarda un tiempo. Si el dinero existe, no hay problema porque pasado el tiempo en que la factura va de mesa en mesa recibiendo sellos de “validado”, llega a la persona que emite un cheque o una transferencia.
Hace un par de años la cosa empezó a alargarse sin motivo aparente. Esto obligaba a las empresas a facturar a las administraciones públicas y esperar no menos de 4 meses para cobrar. En este plazo de 4 meses, sea como sea, tú ya habías tenido que adelantar, por lo menos, el IVA de dicha factura. Dicho de otro modo, pagabas a la administración del estado un dinero que no habías recibido de la propia administración. Lo que en la práctica se traduce como hacer de banco al ayuntamiento de turno (por haberle realizado el trabajo) y al estado (por haberle pagado un dinero que no habías recaudado previamente). Para adelantar este dinero podías hacerlo con fondos propios, si tenías algún remanente, o bien mediante entidades bancarias que aceptaran una “certificación” de la administración local de turno y que te prestaran el dinero durante ese tiempo, hasta que el ayuntamiento pagara.
Este año la cosa está poniéndose peor. Los Ayuntamientos están encargando trabajos, incluso con partida presupuestaria asignada y mediante concurso público, que saben que no van a pagar inicialmente en ningún plazo previsto. No quieren ni firmar reconocimientos de deuda (ni a largo plazo). Te dicen directamente que tu trabajo lo van a pagar cuando otros (a veces los bancos, a veces el Govern, a veces el Consell de Mallorca) les paguen. Y si es concurso público, encima tienes que dejar tú una fianza para ejecutar el proyecto. Por este motivo, los bancos están empezando a considerar “insolventes” a los Ayuntamientos porque éstos no ofrecen garantías de pago en ningún plazo previsto, y por esto ya no aceptan certificaciones de la administración local.
En resumen, tienes que hacer el trabajo al cual te presentaste ganando un concurso, depositar un dinero en el propio ayuntamiento, facturar el trabajo que has hecho y esperar a que algún día el ayuntamiento decida que es hora de pagar. Mientras tanto, has tenido que contabilizar las facturas, pagar el IVA, las nóminas de tus empleados asignados a ese proyecto (o las subcontratas pertinentes), el impuesto de sociedades, la seguridad social, otros impuestos y un largo etcétera. Y lo has tenido que hacer con un dinero que, o bien no tienes, o bien pertenece a tus ahorros como empresa que te pueden permitir, a lo sumo, aguantar un par de meses.
Mientras tanto, el gobierno central inyecta miles de millones de euros a los bancos para sanearlos en lugar de hacerlo sobre sus propias administraciones, como sería más lógico (total, las administraciones acabarían metiendo ese dinero en un banco). También inyecta miles de millones en el sector del automóvil o en sectores que supuestamente deben generar (o mantener) el empleo, mientras miles de pymes se van al cuerno irremisiblemente porque, simplemente, no les pagan lo que les deben.
Políticas económicas bananeras sumadas al morro de determinadas administraciones públicas para hacer cosas que no pueden pagar hacen que, en estas situaciones, uno se plantee seriamente la resistencia o la insumisión fiscal o, por lo menos, se niegue a pagar en impuestos para la administración aquello que la propia administración pública le debe.
