Estamos organizando un ciclo de conciertos en Palma de Mallorca. Dado que nos ceden el recinto de manera gratuita, los artistas se traen su equipo técnico y que, como siempre, lo que no queremos hacer es sablear al personal, hemos decidido poner a la venta las entradas a 3 euros.

Así que, felices como siempre, hemos ido a la oficina de la SGAE a que nos sellen las entradas (200). En términos generales esto debería costarnos 65,05 euros. Nuestra sorpresa ha sido que, aludiendo a su bola de cristal, han sabido que este concierto está “claramente subvencionado”, por lo que en lugar del habitual 10% de las entradas, quieren el 10% de la producción total, es decir, que sumemos los gastos que tenemos: caché del artista, impresión de las entradas, emparedados que pondremos a modo de catering y todo lo demás, para que una vez sumados, les paguemos el 10% de todo ello.

Aun sabiendo que esta cifra puede ser incluso inferior a los 65,05 euros, estaban dispuestos a no sellarnos las entradas y no conceder la autorización para la realización del concierto. Pero aunque fuera mayor, estaríamos hablando de, quizás, 100 euros. Imagináos por un momento que, aparte de otras consideraciones, decidimos que no estamos dispuestos y que no nos conceden la autorización. Las consecuencias son:

1.- No se realiza el concierto.

2.- El artista no actúa y, por lo tanto, no cobra su caché.

3.- La SGAE no cobra ni un duro.

4.- Nosotros perdemos los gastos (hasta ahora sólo la impresión de las entradas).

5.- El público se queda sin un acto cultural en la ciudad.

La única pregunta que se me ocurre es: ¿a quién beneficia esto?