Leo en diferentes sitios hoy (Meneame, El Mundo, Internautas y un largo etcétera) la que nos han intentado endiñar entre el Gobierno y las sociedades de gestión de derechos (a.k.a SGAE).

Estamos ante un asunto muy grave. La verdad es que no pensaba que la cosa llegara a estos extremos, pero así es. El caso, es que, por los pelos, no se aprueba un artículo de la ley que hubiera permitido a la SGAE (entre otras), censurar cualquier contenido en Internet sin pasar por los jueces. Esto, evidentemente ha hecho que cualquiera que tenga una página web, blog, portal o lo que sea, haya puesto el grito en el cielo. Por no hablar de medios de comunicación.

Pero lo que para mí es más grave es que las atribuciones de la SGAE, en este caso, son totalmente contrarias al estado de derecho, según la propia definición de Separación de Poderes. ¿Cómo es posible que entidades privadas de gestión de derechos tengan la facilidad de legislar a su antojo, ejecutar la ley y, según este nuevo intento, juzgar y finiquitar el asunto por la vía rápida?. Ya se saltan a la torera la presunción de inocencia (constitucional) para cobrar el tan manido canon digital, así que qué más da si además podemos aglutinar los tres poderes y montárnoslo por nuestra cuenta.

Por suerte o por providencia, el artículo 17 de la Ley de Internet ha desaparecido y, por ahora, nos salvamos, aunque ya sabemos que sólo es cuestión de tiempo que vuelvan a la carga amparándose en cualquier concepto peregrino. Nos podemos ir preparando.